Al margen de la petición de retirada de la marca de la Junta, promovida por medio centenar de entidades y otros tantos leoneses distinguidos, a la que me adhiero, uno no deja de advertir el significado y sesgo político, amén del gastronómico, de Tierra de Sabor. Esta podría ser otra de las razones por las que, mediante decretazo, se obliga o se intenta hacer que en las cocinas de salones de banquetes, restaurantes y gastrobares haya un notable porcentaje de productos con la referida etiqueta. Un poco menos a la carta. Un poco más al ordeno y mando por ese artículo que nunca se sabe muy bien qué numeración ocupa. Sin que sirva de idea, ¿el próximo paso será un menú obligatorio, incluido postre y servilleta de papel, para cada día de la semana, o nos dirán qué debemos comer en casa bajo pena de excomunión? Por cierto, una cosa es predicar y otra, dar trigo. Los mismos que deciden esto deciden recurrir a empresas foráneas para alimentar a nuestros escolares, gusanos incluidos, lamentable, aunque ahora se suavice con la anunciada presencia de la empresa donde siempre, claro.
León, que fue pionero en la idea de amparar, difundir y proteger sus propios productos, sufre así la política de marginación de sus sellos de calidad, como es costumbre en tantos casos, para ofertar únicamente la identidad castellana, olvidando el hecho inequívoco de que la Comunidad acoge dos regiones diferenciadas. Diferenciar y perfilar lo individual siempre fortalece. Pero esta es historia para otra ocasión, porque si nuestra realidad presente es muy negra —y no por el carbón precisamente—, el futuro que nos dibujan los especialistas es desolador.
Uno cree que medidas como esta amenazan los principios más básicos y elementales de cualquier política liberal y de la libertad de empresa. El temor de lo siguiente genera inseguridad en las iniciativas. La labor reguladora e inspectora de la administración ha de discurrir en estos casos por otros cauces, necesarios por otra parte. En el comentado aquí tal decisión ocuparía el ámbito de la imposición, que suele derivar con frecuencia en el dirigismo intervencionista, con todos los problemas que pueden sucederse en cascada. De lo mismo que acusan a otros pecan los acusadores, lo que convierte el escenario territorial en una especie de bufoneo que produciría risa si el asunto no fuera tan serio.
Las políticas de promoción sectorial son necesarias, máxime cuando amparan ámbitos estratégicos de desarrollo con la garantía de calidad. Esta debe ser la única exigencia. O una de las pocas. Otras imposiciones corren el riesgo de la manipulación y/o el chantaje. Sembrar el territorio de un movimiento uniformemente acelerado y dirigido a uno le parece, simplemente, un bochorno inaudito. Tiene la ventaja, una vez más, de ver para creer o de cómo no se puede perder la capacidad de asombro. Lo que nos espera.
León, que fue pionero en la idea de amparar, difundir y proteger sus propios productos, sufre así la política de marginación de sus sellos de calidad, como es costumbre en tantos casos, para ofertar únicamente la identidad castellana, olvidando el hecho inequívoco de que la Comunidad acoge dos regiones diferenciadas. Diferenciar y perfilar lo individual siempre fortalece. Pero esta es historia para otra ocasión, porque si nuestra realidad presente es muy negra —y no por el carbón precisamente—, el futuro que nos dibujan los especialistas es desolador.
Uno cree que medidas como esta amenazan los principios más básicos y elementales de cualquier política liberal y de la libertad de empresa. El temor de lo siguiente genera inseguridad en las iniciativas. La labor reguladora e inspectora de la administración ha de discurrir en estos casos por otros cauces, necesarios por otra parte. En el comentado aquí tal decisión ocuparía el ámbito de la imposición, que suele derivar con frecuencia en el dirigismo intervencionista, con todos los problemas que pueden sucederse en cascada. De lo mismo que acusan a otros pecan los acusadores, lo que convierte el escenario territorial en una especie de bufoneo que produciría risa si el asunto no fuera tan serio.
Las políticas de promoción sectorial son necesarias, máxime cuando amparan ámbitos estratégicos de desarrollo con la garantía de calidad. Esta debe ser la única exigencia. O una de las pocas. Otras imposiciones corren el riesgo de la manipulación y/o el chantaje. Sembrar el territorio de un movimiento uniformemente acelerado y dirigido a uno le parece, simplemente, un bochorno inaudito. Tiene la ventaja, una vez más, de ver para creer o de cómo no se puede perder la capacidad de asombro. Lo que nos espera.
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